Mucho más que una columna, quisiera que este escrito fuera un verdadero campanazo que llame la atención de nuestra sociedad sobre un proyecto de ley que ha venido corriendo entre los pasillos del Congreso de la República como si fuera un fantasma que no se deja tocar, pero que terminará haciendo estragos morales y sociales en nuestro país.
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Se trata del Proyecto de Ley 272 de 2022, “Por medio del cual se prohíben los Ecosieg en el territorio nacional y se promueve la no discriminación por motivos de orientación sexual, identidad y expresión de género diversas en las redes de salud mental y otras instituciones”. Este proyecto amenaza a los padres de familia con meterlos a la cárcel por el delito de tortura (de once a veintidós años de prisión) cuando quieran ejercer sobre sus hijos menores su cuidado y orientación respecto de temas tan delicados como la sexualidad y la cultura familiar.
Como decir que los padres ya no podrán transmitirles a sus hijos sus valores respecto de la condición de hombre o de mujer, de familia o de paternidad o de maternidad, porque correrían el peligro de ser denunciados por cualquier profesor o por cualquier vecino por distintos delitos que comenzarían en la indefinible frontera de aquello que han dado en llamar “el libre desarrollo de la personalidad”.
En ese proyecto de ley, la formación de los niños y el papel de los padres en ella están diseñados con una crueldad aterradora. Se trata de eliminar el deber de cuidado de los padres y la sociedad sobre los menores con el fin de dejarlos solos cuando ellos, los menores, se enfrenten a conflictos propios de la niñez y de la adolescencia en los laberintos humanos de las identidades.
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En ese proyecto de ley, la formación de los niños y el papel de los padres en ella están diseñados con una crueldad aterradora.
Por cuenta del abuso argumentativo que quiere convertir en absoluto el derecho de la libre personalidad de los niños, han llegado al extremo de sacrificar los instrumentos básicos de los padres y los tutores para cumplir sus obligaciones constitucionales y morales de cuidado y de educación.
Les quitan a los padres el derecho de hacer conocer su criterio a sus hijos y de transmitirles su tradición, sus valores, su cultura. Y ni qué hablar de si los padres llegaren a considerar que sería importante acudir a un apoyo profesional especializado, este proyecto les quita ese derecho en tanto amenaza también en convertir en delincuentes torturadores a los médicos, a los psicólogos, a los sacerdotes, a los pastores.
Pero eso sí, si los padres salen corriendo con la cartilla debajo del brazo a buscar al médico que le realice la operación irreversible al niño y al laboratorio de la multinacional farmacéutica que le venderá por el resto de la vida a su hijo el tratamiento de hormonas cruzadas, entonces ahí sí no habrá problema, pues dentro de la concepción “pluralista” del proyecto es la única actitud permitida a los padres.
Definitivamente las amenazas totalitarias no vienen solas, ellas siempre buscan meterse por las hendijas culturales a través de múltiples expresiones. Si no hubiera sido porque este proyecto de ley viene encubierto bajo el espectro ideológico totalitario del gobierno de Gustavo Petro, les hubiera resultado imposible adelantarlo tan en secreto como lo han hecho hasta ahora. En medio de cualquier gobierno que respetara mínimamente los principios y los valores constitucionales de la familia, por lo menos se hubieran abierto las ventanas de una gran discusión nacional.
¿Dónde está la voz de los padres de familia de Colombia? ¿Dónde las de los rectores y profesores de los colegios? ¿Dónde las de los profesionales de la salud? ¿Dónde las de las iglesias?
Hasta ahora este proyecto de ley avanzó calladamente en la Cámara de Representantes. Como todo lo que está ocurriendo en la Cámara de Representantes que es turbio, sórdido, clandestino. Actualmente dicho proyecto de ley inicia su trámite en el Senado de la República, esperamos que el Senado vuelva a sacar la cara por la democracia tal como lo hizo con la reforma de la salud.
